UNA MIRADA A LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA: ¿UNA MORDAZA A LAS LIBERTADES CÍVICAS?
Interviene: Ignacio González Vega (magistrado, miembro de Jueces para la Democracia y directivo de la asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades MEDEL)
Modera: Mercedes Mayo (vocal de la Junta Directiva de FUTURA)
Fecha, hora y lugar de celebración: miércoles 11 de noviembre, 19 horas, sede de la Fundación Cajasol.
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La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA, con la colaboración de la Fundación Cajasol, organizará el próximo miércoles día 11 de noviembre a las 19 horas, en la sede de dicha Fundación (Ronda de los Tejares 32), la charla-coloquio «Una mirada a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana: ¿una mordaza a las Libertades Cívicas?». En este debate intervendrá el magistrado Ignacio González Vega, miembro de Jueces para la Democracia y directivo de la asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL). A continuación tendrá lugar un coloquio moderado por Mercedes Mayo, Vocal de la Junta Directiva de FUTURA.
El titular del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid abordará en su intervención en Córdoba la entrada en vigor desde el pasado 1 de julio de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta ley fue aprobada en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, con el rechazo del resto de grupos parlamentarios y desatendiendo las críticas y recomendaciones de Movimientos Sociales y ONG, de la Unión Europea e incluso de la ONU. La también denominada “Ley Mordaza” se encuentran actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional y existe el compromiso firme de su derogación si en la próxima legislatura cambia la mayoría parlamentaria.
La nueva legislación afecta especialmente a los derechos de manifestación, de reunión, a la libertad de expresión, a la información, a la libertad personal y de huelga; comportando una de las mayores restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas de toda la etapa democrática.
Esta reforma legislativa es la respuesta del Gobierno al incremento de manifestaciones ciudadanas nacidas de la tensión del desmantelamiento del Estado Social, convirtiendo por tanto un conflicto social en un conflicto de orden público, cuando España se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo y posee los porcentajes más elevados de población reclusa por habitante. El derecho a la protesta no es sino una concreción de la libertad de expresión que, ejercida en el ámbito de la esfera pública, se plasma en la manifestación de la queja o de la crítica política por parte de la Sociedad y, por lo tanto, de uno de los elementos definitorios de un sistema democrático. La ley aprobada evidencia además una desconfianza clara del Gobierno en el Poder Judicial, que reiteradamente estaba procediendo a dictar sentencias absolutorias por las conductas presididas por la protesta ciudadana.
La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA cree por todo ello conveniente y oportuno abrir un debate sobre la necesidad de esta Ley y su incidencia en el devenir de la Sociedad y de sus Libertades Cívicas.
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